Por: Carlos Alberto Monge Montaño.
Transparencia = fetiche michoacano…
“La política es como las matemáticas: todo aquello que no es totalmente correcto, está mal.” Edward Kennedy. Político estadounidense.
Soy un convencido que la actual Legislatura local se ha caracterizado por la opacidad y el doble discurso.
Son opacos desde el simple hecho de no transparentar el manejo de los recursos públicos, que incluye cantidades insultantes para dieta, viáticos, “apoyos sociales” y “gestoría”, donde lo más lamentable es que la Auditoría Superior de Fiscalización, que depende de ellos, ni siquiera les ha auditado un sólo peso.
El doble discurso tiene que ver con su constante perorata que no ha llegado a las pruebas tangibles en la mayoría de los casos, mucho menos a sancionar o buscar irresponsables. Baste recordar que pese a las críticas a las últimas 2 administraciones estatales, hasta el momento no se han atrevido a reprobar alguna Cuenta Pública; o bien, negociaron tan satisfactoriamente que se han limitado, tras su rollo, a levantar la mano para aprobar prácticamente todo, lo que en su momento argumentaron que era cuestionable.
Este martes los legisladores michoacanos dieron trámite a un punto de acuerdo donde le piden al Ejecutivo transparencia en la información referente a la construcción de la Presa Francisco J. Múgica.
Parece ser que ahora sí habrá intercambio de documentos que acaben con los dimes y diretes. Por un lado, el delegado de Comisión Nacional del Agua, Pedro Aguilar que ha dicho que la Presa no contó con el aval de dicha dependencia, luego que sí, pero nada más tantito y que la información que avalaría las deficiencias, resulta que está reservada.
Asimismo, algunos legisladores priistas y con mayor insistencia, David Huirache, quien también había señalado irregularidades, pero sin ir a fondo, sin mostrar documentos y sin oficializarlo ante el pleno legislativo en aras de que se inicie algún procedimiento.
Por su parte, el gobierno que encabeza Leonel Godoy Rangel, se encargó de dar respuesta y enfatizar que sí había el aval de la CONAGUA, que incluso el gobierno federal había invertido el 14% de los 2 mil 600 millones de pesos que costó la obra, pero a la fecha, tampoco ha mostrado los documentos que avalen el dicho. Lo más, fueron referencias del mandatario Leonel Godoy, durante su informe regional en Múgica.
Por cierto, una de las dudas mayores de los legisladores es cuánto costó realmente la obra, los 2 mil 600 millones de pesos, mil 500 millones como se proyectó alguna vez ó 2 mil 200 millones como publicó la administración estatal en un desplegado en medios impresos en el pasado mes de febrero.
También piden se aclaré el proceso de construcción y que sólo podrá irrigar 13 mil hectáreas y no más de 25 mil como ha destacado el gobierno michoacano.
Así que no resta más que darle tiempo al tiempo y corroborar si esta vez los legisladores y la administración estatal llegan a fondo, o como ha sido su esquema, se dan de cubetazos para luego sentarse a la mesa y de manera sorprendente alcanzar los acuerdos necesarios para que un señalamiento más… duerma el sueño de los justos.
Hace muchos años que este servidor ha insistido en que la TRANSPARENCIA debe ser una de las fortalezas de cualquier gobierno y/o poder que se presuma como honesto y democrático.
Desde la era Lázaro Cárdenas Batel como gobernador de Michoacán, cuando nació la Ley de Acceso a la Información Pública del estado, quedó claro que el discurso de transparencia fue sólo un fetiche que se utilizó bajo la tutela de Alma Espinosa, entonces coordinadora de Comunicación Social.
Desde aquellos tiempos fue imposible para cualquier ciudadano, conocer las licitaciones y pormenores de las obras que presuntamente deberían edificar las empresas de Carlos Ahumada.
Mismo curso dio Cárdenas Batel al conflicto en el que se convirtió la desincorporación de la Isla de la Palma en el Puerto de Lázaro Cárdenas y la búsqueda, todavía, de qué se hizo con cuando menos 8 mil millones de pesos, que la actual legislatura todavía manifiesta desconocer y que sin embargo, le aprobó la última cuenta pública a Cárdenas Batel.
Después, Leonel Godoy Rangel comprometió que su administración sería transparente, que incluso nos agradecería que evidenciáramos a los opacos. Lamentablemente la transparencia también en esta era se ha mantenido como un fetiche.
Le dieron continuidad opaca al caso Isla de la Palma, bajo la tutela de Eloy Vargas Arreola, el Acuerdo por la Educación que se firmó con el magisterio y que superó los mil millones de pesos, también se hizo sin dar a conocer los montos; asimismo los acuerdos con grupos sociales como los Antorchistas, permanecen en lo oscurito.
Este martes, en el pleno legislativo, el discurso de la transparencia se volvió a imponer. Todos los legisladores que usaron la palabra lo hacían como si fueran diáfanos, como si no tuvieran memoria, como si nunca se les hubiera pedido que transparenten sus ingresos, como si los gastos que realizan estuvieran auditados.
En fin, ojalá que por lo menos esta vez, las partes en conflicto, Congreso y Ejecutivo, lleguen hasta las últimas consecuencias y de manera totalmente transparente. Esperemos que esta vez no nos sorprendan con un nuevo acuerdo que permita a los legisladores levantar la mano sin mayores remordimientos en una sesión futura. Y es que para empezar, se tardaron demasiado en llevar al ámbito formal esta obra, que inició en marzo del 2008.
Vamos a ver si con el paso de los días no salen nuevas voces sorprendidas desde el Congreso estatal, porque “alguien” les cambió el dictamen u otro más incumplió algún acuerdo.
No resta más que esperar que esta vez sí tengan claro la importancia de la transparencia, esta palabra tan compleja para quienes forman parte de la Administración Pública, y que podría ser el cimiento de un buen gobierno.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
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