Por: Carlos Alberto Monge Montaño.
Otra vez el Congreso…
“Cuando el dinero habla, la verdad calla”... Proverbio chino.
La Septuagésima Primera Legislatura de Michoacán se ha ganado a pulso el adjetivo de la peor de las que se tenga memoria. No sólo ha tenido reveses por aprobar leyes o modificaciones que resultaron inconstitucionales, por lo que tuvieron que enmendarles la plana; sino que acumula cualquier cantidad de señalamientos sobre presuntas irregularidades, abusos y/o actos de corrupción.
Las sospechas han estado presentes en la aprobación de la desincorporación de la Isla de la Palma, en la aprobación de cuentas públicas estatales y municipales, la autorización de endeudamientos tanto para el Ejecutivo estatal como para algunos ayuntamientos, como Morelia por citar un caso.
No se puede desdeñar el asunto de la gestoría que realizan, que les llevó a auto autorizarse una partida de 150 millones de pesos en el 2009, de la que cada uno de los 40 legisladores dispuso de 3 millones 750 mil pesos. Cantidad adicional a los recursos que reciben mensualmente para “gestoría” y que en sondeo realizado por Canal 13 de Michoacán, algunos aseguraron que se trataba de 25 mil pesos mensuales, pero hubo quien señaló que recibían hasta 150 mil pesos para dicha labor; adicionales a su dieta y prestaciones como pagarles la renta, si se trataba de legisladores provenientes del interior del estado.
Para el 2010, los representantes populares ya no se autorizaron el presupuesto para gestoría, esta vez fue convenido con el Gobierno Estatal.
Ante tales circunstancias, el diputado federal panista, Julio Castellanos Ramírez, pidió a la Auditoría del Congreso Estatal, que investigue qué y a quiénes han beneficiado los 40 diputados en los últimos dos años, ya que dijo tener pruebas de que no se entregaron más de 500 apoyos, toda vez que visitó a cada uno de los presuntos beneficiados, quienes le informaron que no recibieron el apoyo, que no firmaron nada y además, que no habían dado copia de su credencial de elector.
De tal manera que los comprobantes de entrega de los apoyos, presentan varias irregularidades, como la falsificación de firmas y un mal uso del Padrón Electoral, que de comprobarse, se confirmaría un desvío de recursos.
Ahora sólo falta esperar si se llega al fondo con la investigación, ya sea para sancionar a los responsables o bien demostrar que Julio Castellanos está mintiendo.
Sin embargo, el panorama es desalentador:
1. La Auditoría del Congreso michoacano dista mucho de ser autónoma, depende de la decisión de los legisladores. Baste recordar que en el caso Michoacán, los recursos que maneja la Cámara de diputados, no se auditan.
2. Podría quedar sólo en un pleito entre 2 legisladores panistas, uno federal, Julio Castellanos y el otro estatal, Samuel Arturo Navarro, por la disputa que ellos tienen en el distrito de Zamora. Este argumento surge del propio Congreso estatal y lo avala el que la investigación de Castellanos Ramírez, se ocupó de llevar Notario Público que diera fe en el distrito de Zamora, no así en el resto donde también realizó la investigación.
3. Otro argumento desafortunado, es que el conflicto se quede en el ámbito panista, cuando ha trascendido que Julio Castellanos pidió que corran de Acción Nacional a los legisladores azules michoacanos, con excepción de Francisco Morelos Borja, tras las pruebas que presentó.
4. Que sólo se trate de una argucia en el conflicto interno que vive Acción Nacional en la búsqueda de la candidatura al Solio de Ocampo entre Luisa María Calderón y Marko Cortés.
Bajo este escenario, la probabilidad apunta a que este conflicto va a quedar sólo en dimes y diretes. Sin embargo, el diputado federal panista, tiene la última palabra para llegar hasta las últimas consecuencias. El tiempo evidenciará si se trató únicamente de una argucia para favorecer a una tribu panista, para implementar fuego amigo contra otro albiazul zamorano o efectivamente busca ayudar en la transparencia del manejo del erario público.
Lo cierto, es que esta es otra piedra al costal de los diputados michoacanos, que pese a comprometerse públicamente, no han transparentado tampoco:
1. La información pública de oficio en su página de internet.
2. Quiénes han accedido a créditos con las tasas preferenciales que se autorizan en el Congreso michoacano.
3. Cuántos han comprado vehículos y si para ello el Congreso es o no aval.
4. Las minutas de las reuniones de la Junta de Coordinación Política.
5. Y lo más importante, auditar los recursos que ellos ejercen y sobre lo cual hay bastantes dudas.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
